Adolescentes sin seguro y bajos salarios

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez juntó a la Universidad de Costa Rica, presentaron esta semana el VI Estado de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica. El informe dio a conocer dos alarmantes hechos que se presentan en el país y es que las jornadas laborales de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18, superan las 36 horas que por ley pueden trabajar y además sus patronos no les brindan la seguridad social adecuada.

Las leyes nacionales y los acuerdos internacionales son muy claros al indicar que una personas menor de edad que no tenga los 15 años no puede trabajar, esto es ilegal y puede ser penado, pero que los mayores de 15 años y menores de 18 años, deben tener una jornada laboral de no más de 6 horas diarias 6 días a la semana como máximo. A la vez el trabajo no debe impedir que estos adolescentes asistan a sus centros de estudio.

Sin embargo la mayor parte de los mayores de 15 años que trabajan en el país no asisten a clases, entre los motivos citados están el que trabajan jornadas de más de 6 horas diarias que los dejan agotados como para ir a clases o bien el tiempo del que disponen no es suficiente para estudiar. El 34% de estos trabajadores solo cuenta con la primaria y un 58% con secundaria incompleta.

La baja preparación académica así como los factores socioeconómicos que viven estas personas menores de edad y que les lleva a tener que trabajar para vivir, les condena a seguir trabajando en empleos de baja remuneración que conlleva a perpetuar el círculo de pobreza y vulnerabilidad en el que viven.

A ello hay que sumar que los salarios que le son pagados son mucho más bajos de lo que por ley debería pagárseles Los trabajos a los tienen acceso la gran mayoría son en labores agrícolas, sin embargo al 60% de esta población lo que se les paga son ¢100.000 mensuales. La ley establece que lo que se debe pagar es el salario mínimo establecido según la labor que realizan, si vemos cual es el salario mínimo más bajo que se paga en el país nos damos cuenta que es el peón agrícola y que su pago debe ser de ¢145.000, lo que a todas luces deja ver que se paga mucho menos de lo debido.

De igual forma como ya se mencionó, aparte de recibir salarios muy bajos, no se les paga seguro social y no cuentan con un seguro de riesgos de trabajo, cuando esto es un requisito para que los empleadores puedan contratar a personas menores de edad.

El problema va más allá del incumplimiento de la ley por los patronos, sino que involucra también al entre protector y rector de la niñez y la adolescencia como lo es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del mismo Ministerio de Trabajo, los cuales dicen que no cuentan con inspectores suficientes para poder darle seguimiento a situaciones como estas. O bien simplemente no se procede como se debería cuando existen denuncias por explotación laboral a personas menores de edad.

Muchos casos nunca son denunciados simplemente porque quienes sufren la explotación laboral desconocen sus derechos y nadie se los da a conocer y a quienes les corresponde hacerlo tampoco realizan acciones estratégicas que les permita llegar a los más necesitados de la información. Muchos de estos adolescentes ven como algo necesario y normal lo que hacen porque de otra forma no tendrían con que vivir. Sin embargo el gobierno tiene la obligación de brindarles las herramientas necesarias para poder concluir su educación y con ello tener más posibilidades de un mejoramiento de sus condiciones de vida.